Human Rights Watch denunció que en Argentina se violaron los DDHH al privilegiar la vacuna para políticos

Las vacunas contra el coronavirus escasean y en paralelo a las campañas oficiales de inmunización proliferan los escándalos: vacunados VIP, centros de inmunización secretos, funcionario públicos que mueven influencias para inocularse incluso antes de que comiencen las campañas oficiales, casos de triple dosis y hasta la infame falsa vacunación de ancianos.

Los últimos dos casos que salpican a funcionarios públicos en la región son los llamados “Vacunagates” de Argentina y Perú. En ambos casos, políticos y allegados al poder lograron inmunizarse fuera del protocolo y a escondidas.

Para el director ejecutivo para las Américas de la prestigiosa ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, estos casos son un escándalo. “Según principios de DDHH, el orden de acceso a la vacuna debe ser trasparente y basarse en criterios de salud pública, no en afinidades ideológicas o cargos de gobierno”, afirmó.

Y exigió que las autoridades reaccionen: “Ante los escándalos en Perú y Argentina, los gobiernos de la región deben establecer salvaguardas para evitar más abusos”.

En el caso argentino, se inmunizaron un periodista oficialista, Horacio Verbitsky, un senador, un diputado, tres médicos, un empresario y varios miembros de su familia. El episodio se conoció porque fue el propio Verbitsky el que contó en su programa de radio que se había vacunado. Admitió haber llamado a “su viejo amigo” el ministro de Salud Ginés González García y que había ido a una sala especial del edificio del Ministerio para recibir su inyección.

La declaración pública rápidamente fue repudiada por ciudadanos indignados, políticos opositores y algunos oficialistas. Y, finalmente el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García, quien dimitió

La bomba del “Vacuna VIP” peruano estalló hace 10 días y, en un principio, solo salpicó al destituido ex presidente Martín Vizcarra, pero posteriormente se extendió al actual gobierno transitorio. Sin embargo, fue el propio mandatario Sagasti quien -luego de pedir disculpas públicas- reveló que eran 487 los vacunados de forma irregular.

Según detallaron las autoridades, 122 funcionarios públicos figuran en el listado, 16 pertenecían al actual gobierno que ya fueron separados de sus cargos. Uno de ellos es el viceministro de Salud, Luis Suárez Ognio, quien se vacunó con seis familiares. También la canciller Elizabeth Astete y la titular de Salud, Pilar Mazzetti. Ambas renunciaron.

Las dos crisis tienen puntos en común, pero en Perú el Gobierno se ocupó de denunciar públicamente las identidades de los implicados. “Estoy indignado, furioso… me siento totalmente decepcionado”, dijo el presidente Francisco Sagasti.

Además, el Congreso estableció una comisión para determinar responsabilidades políticas, la fiscalía abrió una investigación contra los funcionarios y todos los que “resulten responsables” de la vacunación irregular. Abogados penalistas y juristas señalan que los principales implicados pueden ser condenados hasta a ocho años de prisión por delitos como negociación incompatible, concusión, cohecho y complicidad en corrupción de funcionarios.

El caso brasileño

En Brasil el proceso de vacunación también está señalado de fraudulento, pero la participación política no está probada. Allí, lo que sucedió fue que se descubrieron engaños en la aplicación de las vacunas en ancianos.

Los ancianos fueron víctimas de simulación: pensaron que estaban siendo vacunados pero en realidad eran protagonistas involuntarios de una escenificación. Recibían el pinchazo pero o bien se trata de jeringas vacías o directamente la enfermera a cargo de la aplicación nunca empujaba el émbolo.

Tres videos publicados en redes sociales, y replicado por la cadena Telemundo después, fueron grabados por familiares de adultos mayores y muestran el preciso momento en que profesionales de la salud insertaron las agujas en los pacientes, pero no inyectaron la dosis contra el COVID-19.